EE.UU. reforma el sistema FMS y redefine sus prioridades globales
América Latina podría quedar relegada por las nuevas prioridades del sistema FMS estadounidense.
La administración Trump introdujo una serie de reformas estructurales en el sistema de ventas militares al exterior (Foreign Military Sales – FMS) mediante una orden ejecutiva firmada el 9 de abril. Los cambios buscarían acelerar los tiempos de aprobación, mejorar la transparencia y dar mayor previsibilidad a los socios internacionales, alineando el sistema con los intereses industriales y estratégicos de EE. UU.
La nueva política busca eliminar cuellos de botella estructurales y formaliza un enfoque más utilitarista: priorizar la transferencia de capacidades clave a socios estratégicos sin degradar la preparación operativa de las fuerzas estadounidenses. No obstante, este reordenamiento de prioridades podría traducirse en una menor disponibilidad de sistemas y condiciones preferenciales para países no priorizados, especialmente aquellos que dependen del FMS para mantener su capacidad de defensa con recursos limitados.
De procesos secuenciales a decisiones paralelas
Uno de los cambios centrales es la adopción del concepto de “parallel decision-making”, que permite a los organismos intervinientes (Departamento de Estado, Departamento de Defensa y otros) aprobar en simultáneo los pasos de un caso FMS, en lugar de esperar resoluciones previas en cadena. Esta medida apunta a reducir los tiempos de tramitación, que en algunos casos podían superar los dos años.
Además, se instruyó una revisión de los umbrales de notificación al Congreso, con el objetivo de elevar los montos mínimos que obligan a someter una venta al escrutinio legislativo. Esto permitiría acelerar la aprobación de casos de bajo riesgo estratégico sin erosionar la supervisión política en operaciones de mayor envergadura.
Revisión de reglas, listas y prioridades
La orden ejecutiva también ordena reducir regulaciones y procedimientos en los casos FMS y DCS (ventas comerciales directas), siempre que se mantenga la coherencia con los objetivos de política exterior. En paralelo, se plantea una revisión de la “FMS-Only List”, que define los artículos que solo pueden exportarse bajo el canal estatal FMS. La nueva política busca limitar esa categoría a tecnologías realmente sensibles y sofisticadas, liberando el resto al mercado comercial regulado (DCS).
Este cambio tiene un efecto doble: permite mayor flexibilidad para socios con industrias de defensa avanzadas, pero podría encarecer significativamente ciertos artículos para países que dependen del respaldo estatal del canal FMS para obtener mejores condiciones.
En una señal de priorización estratégica, se ordena la elaboración de dos listas:
- Países prioritarios para transferencias de armas convencionales.
- Sistemas prioritarios para dichos países, siempre que su exportación no degrade la preparación de las fuerzas de EE. UU.
Este esquema busca alinear las transferencias con los intereses de “burden sharing” de Washington, promoviendo que sus aliados (particularmente en la OTAN) asuman mayores responsabilidades de defensa sin una dependencia sostenida del respaldo estadounidense.
Exportabilidad desde el diseño y sistema unificado
Otro eje importante es la incorporación de características de exportabilidad en las fases iniciales del diseño de sistemas militares, lo que implica planificar desde el origen su posible transferencia sin comprometer tecnologías críticas. Esta estrategia apunta a reducir los tiempos de autorización y los costos unitarios, pero también a facilitar, previsiblemente, un control más directo por parte de Estados Unidos sobre los ítems exportados y su uso final.
Complementariamente, se ordena desarrollar un sistema electrónico único que permita rastrear todas las licencias DCS y casos FMS en tiempo real, integrando procesos que hoy están fragmentados entre agencias.
Impacto en países no prioritarios: el caso latinoamericano
Si bien la reforma busca agilizar la asistencia militar a aliados estratégicos y dinamizar la base industrial de defensa de EE. UU., su implementación podría tener consecuencias adversas para países no priorizados, como los latinoamericanos, que enfrentan importantes limitaciones presupuestarias, parcialmente compensadas por las facilidades brindadas por el anterior sistema FMS. Históricamente, muchas de estas naciones han accedido a material de defensa estadounidense bajo condiciones ventajosas, ya sea por medio de ventas a precios reducidos, financiamiento flexible o procedimientos simplificados dentro del FMS.
Con la nueva política, esos beneficios podrían restringirse. Al priorizar recursos y capacidades para socios clave, el acceso a ciertos sistemas o lotes disponibles para otros países podría volverse más limitado o costoso. Además, el rediseño del proceso de exportabilidad desde fases tempranas del desarrollo puede traducirse en mayores requerimientos de monitoreo sobre el uso final del material vendido.
Este fortalecimiento de los mecanismos de end-use monitoring —como visitas de verificación, restricciones de reexportación o cláusulas sobre operación y mantenimiento— podría afectar la autonomía técnica y operativa de los compradores. Para algunas fuerzas armadas latinoamericanas, esto implicaría no solo mayores barreras administrativas, sino también una dependencia más puntillosa del soporte técnico estadounidense y una exposición mayor a condicionamientos políticos en el uso de capacidades militares adquiridas.
Aunque aún deben definirse los criterios específicos de esta nueva arquitectura de ventas, es claro que la reconfiguración del FMS no será neutra: acelerará los procesos para unos, mientras impone nuevas limitantes para otros.
AUTOR
Apasionado por la aviación, la historia, la política y la defensa. Editor-in-Chief en Aviacionline Defensa, combinando estos conocimiento para ofrecer un contenido valioso sobre temas estratégicos y de seguridad.
Comentarios
Para comentar, debés estar registrado
Por favor, iniciá sesión