El Gobierno nacional nombró de manera definitiva, como titular de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), a María Julia Cordero, quien se venía desempeñando hasta el momento como Interventora del organismo que depende de manera directa de la Secretaría de Transporte de la Nación.
La decisión fue reglamentada mediante la publicación de la Resolución 13/2025 de la ANAC en el Boletín Oficial, que en sus considerandos señala que la medida se dicta teniendo en cuenta que “por el Decreto N° 606/24, se dispuso la intervención de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), organismo descentralizado actuante en el ámbito de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, por el plazo de 180 días corridos y se designó Interventora a la doctora María Julia Cordero”.
Señalan los considerandos que a Cordero “se le encomendó una serie de acciones tendientes a relevar el estado de situación y promover una reorganización funcional que permita el adecuado cumplimiento de la misión institucional del citado organismo”.
Y apunta que, “dado que en el término citado la intervención ha cumplido acabadamente con todos los objetivos encomendados, mediante la regularización y sistematización de las funciones de la ANAC, no se considera necesaria su prórroga”, por lo que “se propicia la designación de la doctora María Julia Cordero en el cargo de Administradora Nacional de la ANAC”.
Por ello, “el presidente de la Nación Argentina decreta: Artículo 1°.- Desígnese, a partir del 8 de enero de 2025, en el cargo de Administradora Nacional de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), organismo descentralizado actuante en el ámbito de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, a la doctora María Julia Cordero”.
La decisión se concreta justo un día antes de que venciera el plazo de la intervención y una semana antes de la llegada de una misión de la OACI en el marco de su Programa Universal de Auditorías para la Seguridad Operacional (USOAP), que se instalará en el Aeroparque Jorge Newbery para analizar los cambios realizados.
Precisamente la evaluación anterior a la llegada de la nueva administración fue desfavorable y puso en duda la continuidad de la Categoría 1, con los perjuicios que eso llevaría a la actividad aerocomercial en el país, lo que derivó en la decisión gubernamental de determinar la intervención del organismo, para trabajar en la corrección de los problemas y mantener el status actual.
Una vez a cargo de la intervención, Cordero publicó un informe en el que expuso "graves deficiencias operativas, administrativas y presuntos actos ilegales dentro del organismo, lo que generó preocupación por los riesgos que representaban para la seguridad operacional y la aviación civil en Argentina, más aún en un contexto de apertura del mercado en donde se apuesta a la llegada del crecimiento del sector con nuevos operadores”.
El diagnóstico realizado detalló “múltiples irregularidades que han contribuido a lo que denominan como una estructura inadecuada, sobredimensionada e ineficiente”, además de señalar problemas en la gestión de recursos.
Los principales puntos oscuros de la ANAC mencionados en el informe de la Secretaría de Transporte de la Nación fueron:
- Deuda heredada: La ANAC registraba una deuda de $3.131.700.676 al momento de la intervención, atribuida a la gestión anterior. Esta cifra está bajo un análisis exhaustivo por parte de la actual intervención, ya que representa una carga financiera significativa para la entidad, comprometiendo la operatividad y ejecución de proyectos clave. La intervención no ha especificado aún cómo se originó exactamente esta deuda, pero se asocia con problemas en la administración de recursos durante gestiones previas.
- Manejo ineficiente de la flota de aeronaves: La flota de la ANAC cuenta con 14 aeronaves que, en su mayoría, llevan más de 5 años sin volar. El informe detalla que estas aeronaves se encuentran en condiciones de deterioro o requieren reparaciones que nunca se realizaron. Tres de estas aeronaves ya han sido tasadas en 150 mil dólares y están listas para ser subastadas, lo cual forma parte de un plan más amplio de subasta de bienes en desuso. Este manejo negligente de la flota no solo ha generado pérdidas económicas, sino que además ha afectado la capacidad operativa del organismo.
- Alquiler innecesario de cocheras y mejoras no reconocidas: Un ejemplo claro de ineficiencia es el alquiler de 84 cocheras, cuando solo hay 18 vehículos de flota, generando un costo innecesario. Además, se realizaron mejoras en el edificio donde opera la ANAC, por un valor de un millón de dólares, que no fueron contempladas en el contrato original. Ahora, la ANAC busca que el propietario reconozca estas mejoras en futuras negociaciones, reflejando un desorden en la gestión contractual.
- Emisión indiscriminada de tarjetas de combustible: La ANAC emitió más de 600 tarjetas de combustible sin ningún tipo de control sobre el kilometraje de los vehículos asociados. Este gasto representaba una asignación mensual de $23.440.000, lo que evidencia una grave falta de control en el uso de los recursos. La intervención ya ha comenzado a cancelar las tarjetas que no están vinculadas a una asignación operativa específica, intentando revertir este desajuste.
- Ocupación irregular de inmuebles: De las 63 propiedades que la ANAC tiene bajo su gestión, al menos 33 están ocupadas de manera irregular, ya sea por personas que no son jefes de aeropuerto o por entidades con contratos vencidos o irregulares. Esta situación refleja una falta de control en la gestión de bienes inmuebles, lo que ha llevado a la intervención a iniciar un proceso de intimaciones y un plan de relevamiento para ordenar el estado de estas propiedades. Inicialmente, el foco estará en las ubicaciones más cercanas a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para luego expandirse a otras partes del país.
- Crecimiento estructural injustificado: Desde su creación en 2007, la ANAC ha experimentado un crecimiento estructural que no se justifica normativamente. Actualmente, la entidad cuenta con 103 cargos directivos distribuidos en cinco direcciones nacionales, 29 direcciones simples y 69 departamentos. Este sobredimensionamiento ha resultado en una excesiva burocratización y en una pérdida de eficiencia en los procesos internos. La intervención planea una reducción del 40% en los cargos ejecutivos, centralizando funciones que estaban dispersas, como la administración y gestión de inspecciones.
- Compras irregulares de equipos: Uno de los ejemplos más preocupantes de irregularidades detectadas es la compra de 350 computadoras por un valor de USD 1.225.612,50, que luego se amplió con una adquisición adicional de 122 computadoras, por un costo de USD 427.213,50. Ninguna de estas computadoras ingresó al organismo, lo que ha motivado la presentación de una denuncia penal, aunque no se inició un sumario interno al respecto.
- Deterioro en los servicios aeroportuarios: El estado de los Servicios de Salvamento y Extinción de Incendios en los aeropuertos es alarmante, ya que solo 60 de las 103 autobombas están operativas, y muchas de ellas tienen más de 10 años sin recibir mantenimiento mayor. La falta de insumos, como cubiertas gastadas o espuma y polvo químico vencido, agrava la situación, lo que podría afectar la seguridad operacional de los aeropuertos y llevar a su cierre temporal. Asimismo, en cuanto a ambulancias, solo dos vehículos están en condiciones de prestar servicio en los aeropuertos de Ezeiza y Córdoba.
- Demoras en trámites y registros: El informe también menciona demoras significativas en la tramitación de matrículas y en la habilitación de Centros de Instrucción y Entrenamiento de Aeronáutica Civil. La intervención ha implementado nuevas medidas para agilizar estos procesos, incluyendo la emisión de matrículas provisorias para no detener los trámites. Además, se han incorporado nuevos canales de atención al público, tanto presenciales como virtuales.
Ante esta situación, la interventora llevó adelante una simplificación de los procesos administrativos y la optimización de la seguridad operacional, alineando las reformas con las políticas de Cielos Abiertos promovidas por la Secretaría de Transporte.
A partir de este análisis, las autoridades implementaron “un plan de reestructuración que permita garantizar la transparencia y eficiencia del organismo, con un enfoque en la igualdad de trato y la eficacia, buscando poner fin a años de desorden administrativo y asegurar un entorno competitivo y seguro para la aviación en Argentina”.
Comentarios
Para comentar, debés estar registrado
Por favor, iniciá sesión